El límite a las rentas en las zonas tensionadas (22%) y la inseguridad jurídica (66,3%) derivados de la nueva Ley de Vivienda podrían llevar a muchos propietarios a retirar sus inmuebles del mercado del alquiler y buscar otras opciones de negocio.

Esto supondría la desaparición del mercado de más 108.500 viviendas que actualmente están alquiladas, o lo que es lo mismo, la oferta se reduciría un 11,7% en España, un país con una oferta de pisos de alquiler cada vez más escasa.

Si miramos las dos grandes capitales, en la ciudad de Barcelona, la oferta de alquiler se vería reducida un 12,6% (24.090 inmuebles menos) y en Madrid, un 11,3% (43.113 inmuebles menos). Otras poblaciones con datos de descensos importantes son Toledo (-17%), Guadalajara (-16,4%), Santa Coloma de Gramanet (-16%) y Málaga (-13,5%). Es destacable la disminución de más de 4.819 viviendas de alquiler en la capital de la Costa del Sol.

Las zonas más afectadas

Las zonas más afectadas serían el Eixample barcelonés, con una bajada de la oferta de más del 16%, y el centro de Madrid, con una reducción del 14,6%. A los propietarios con inmuebles en alquiler en la ciudad de Madrid, lo que más les preocupa es la inseguridad jurídica (70,9%) derivada de la nueva Ley de Vivienda; en Barcelona, el límite a las rentas en las zonas tensionadas (63%).

Esta información se desprende del estudio Impacto de la nueva Ley de Vivienda en la oferta inmobiliaria de alquiler elaborado por el Grupo Tecnocasa y la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, bajo la Cátedra de empresa Grupo Tecnocasa – UPF.

Limitaciones al precio que permite la Ley

La nueva Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda fija para 2024 una subida máxima del precio del alquiler anual del 3% para todos los contratos en vigor, independientemente de las características del tenedor. El 25 de mayo se publicó en el BOE y es una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Otras limitaciones al precio del alquiler que establece la legislación son:
Beneficios fiscales o urbanísticos para las viviendas de titularidad privada con alquiler a precio reducido.
Declaración de zonas de mercado residencial tensionado durante un período prorrogable de 3 años para poder aplicar medidas de reducción del alquiler.

A partir de 2025, nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento en sustitución del IPC que evite incrementos desproporcionados en las rentas.